El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) es una herramienta fundamental en el mercado de alquiler en España. Este indicador económico tiene un impacto directo en los contratos de arrendamiento, ya que regula cómo se ajusta el precio del alquiler a lo largo del tiempo. En este artículo, contaremos en detalle qué es el IGC, cómo funciona y su influencia en el precio de alquiler, así como su relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC).
El IGC, o Índice de Garantía de Competitividad, es un indicador económico que se utiliza para determinar el incremento del precio en los contratos de alquiler que se renueven. Se introdujo en España en 1999 y es una parte esencial de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Este índice lo publica y calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada mes y se establece una tasa de revisión de precios que va en línea con una mejora de la competitividad frente a la zona Euro.
El funcionamiento del IGC es clave para comprender su impacto en los contratos de alquiler. El IGC se calcula mediante la comparación de la tasa de revisión de los precios al consumo armonizada en España con la de la zona euro.
Cuando la economía española pierde competitividad acumulada en relación con la zona euro, el IGC permite a los propietarios actualizar la renta de alquiler de acuerdo con esta pérdida. Si la economía española gana competitividad, el IGC establece un límite para el aumento de la renta, protegiendo así los intereses de los inquilinos.
Dicho esto, hay que tener en cuenta que si el IGC es igual o inferior a 0%, no se tiene que actualizar la renta de alquiler. Si por el contrario, el IGC es positivo, se puede subir la renta siempre y cuando no esté por encima del 2%.
El IGC ajusta la renta de los alquileres con un límite de hasta el 2%. Es decir, el aumento de la renta no puede subir más de este porcentaje. Sin embargo, hay algunos puntos que también se debe tener en cuenta:
Cuando el arrendamiento cumple la anualidad, el propietario tiene el derecho de revisar y ajustar la renta.
La renta actualizada podrá ser requerida al inquilino a partir del mes siguiente a la notificación por escrito realizada por la parte interesada. En dicha comunicación, se debe indicar el porcentaje de aumento aplicado y, si el arrendatario lo solicita, se debe adjuntar la correspondiente certificación emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El cálculo del IGC es una tarea realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Banco Central Europeo. La fórmula para calcular el IGC se basa en la variación de los precios al consumo en España y en la zona euro, teniendo en cuenta la ponderación de diferentes categorías de bienes y servicios. Veamos un ejemplo para una mejor comprensión:
Supongamos que la tasa de revisión del precio al consumo en España es del 2% y en la zona euro es del 3%. Entonces, el IGC se calcula de la siguiente manera:
IGC = (2% – 3%) = -1%
En este caso, el IGC es negativo, lo que significa que la competitividad de la economía española ha disminuido en relación con la zona euro.
La elección entre el Índice de Precios al Consumo (IPC) y el IGC depende de la situación económica y la parte afectada.
Pero, en rasgos generales, el IGC puede ser más favorable para los inquilinos, ya que la renta no puede subir más del 2% a no ser que lo pacten ambas partes.
Sin embargo, para el arrendador podría ser más óptimo el IPC porque con IGC ellos no pueden ajustar sus realidades económicas al mercado.
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